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Alertan que restablecer la Ley de Caducidad sería un grave retroceso en materia de DDHH

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A través de un comunicado, CEJIL alerta que la aprobación de la propuesta de Cabildo Abierto representaría un “grave retroceso en materia de derechos humanos para Uruguay con el claro objetivo de asegurar la impunidad, ya que busca restablecer los efectos que tuvo la Ley de Caducidad”. Dicha norma impidió hasta el año 2011 el acceso a la Justicia y la investigación de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

Asimismo, la organización asegura que la propuesta “no sólo es contraria a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado uruguayo con la ratificación de diversos tratados, sino que, de avanzar, constituiría un claro desacato a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman. Tal sentencia declaró que la Ley de Caducidad, así como toda disposición de ‘amnistía, prescripción, o establecimiento de excluyentes de responsabilidad que busquen impedir la investigación y sanción de responsables de graves violaciones a los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas’  es manifiestamente incompatible con la Convención Americana por contravenir derechos reconocidos por el derecho internacional que son inderogables”.

En consecuencia, la CIDH ordenó al Estado uruguayo “dejarla sin efecto” y al mismo tiempo “remover e impedir todo otro obstáculo para el acceso a la verdad y la justicia”.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional recuerda que tal como lo estableció la CIDH en su sentencia, “el Estado tiene un deber de garantizar el derecho a la justicia de víctimas y familiares y también de satisfacer el derecho a la verdad, que incluye una dimensión colectiva por el impacto que el acceso a la justicia tiene en el Estado de derecho”.

En ese sentido, la presentación de la propuesta de Cabildo Abierto constituye una “afrenta lamentable a las víctimas de la dictadura cívico-militar y sus familiares, pero también a toda la sociedad uruguaya, incrementando una deuda insoluta de justicia y reparación”.

Reescribir la historia

“La propuesta no sólo es contraria al derecho internacional y a las obligaciones del Estado en el marco de una sentencia internacional, sino que busca reescribir la historia, tildando como ‘excesos’ crímenes de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y detenciones arbitrarias cometidas por el Estado,” expresó María Noel Leoni, directora del programa de Bolivia y el Cono Sur de CEJIL.

Agregó que “resulta urgente que este tipo de propuestas tengan un rechazo contundente por parte de las autoridades y que, por el contrario, conduzca a reforzar un compromiso público y sostenido con las víctimas y familiares, y con la sociedad en su conjunto, para garantizar el derecho a la verdad y la justicia”.

Por su parte, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL expresó su “solidaridad con las víctimas que persisten en la búsqueda de la verdad y la justicia”.

“En el debate político es clave no perder de vista que ellas tienen derechos inalienables. Los tratados en derechos humanos son unánimes en prohibir crímenes atroces como la tortura, la violación sexual o la desaparición forzada de personas, y en exigir la investigación de los responsables. Ello se fundamenta no sólo en la dignidad de las personas sino en la importancia de la verdad y la justicia para la garantía de la igualdad y el Estado de derecho”, remarcó.

“Esperamos que la propuesta caiga por su propio peso. Sin embargo, llamamos la atención sobre las facultades de la Corte Interamericana de intervenir en el proceso legislativo frente a proyectos de amnistía como lo hizo recientemente en los casos de Guatemala y El Salvador”, dijo.

CEJIL presentará información a la CIDH y realizará un monitoreo para tomar las medidas de denuncia internacional necesarias si la propuesta avanza.

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