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CEPAL destaca las fortalezas heredadas de Uruguay para enfrenta la crisis sanitaria

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Este miércoles 16 de agosto, la CEPAL emitió un informe referido a la respuesta de Uruguay frente a la pandemia por COVID-19.

En su documento, el organismo internacional resalta la situación de Uruguay, que ha enfrentado la crisis sanitaria con el respaldo de poseer uno de los regímenes de bienestar más avanzados de la región.

“Sus fortalezas institucionales previas, y su gestión expedita y oportuna explican el éxito de una respuesta que la encumbra entre las naciones con menos víctimas mortales de la pandemia”, indica.

CEPAL remarca las fortalezas del sistema de protección social que se traduce en cobertura universal en materia de salud y en un gasto como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), superior al de prácticamente todos los países de la región.

Subraya el programa de seguro de desempleo de larga data, las Asignaciones Familiares – Plan Equidad y la Tarjeta Uruguay Social, cuyo objetivo principal es permitir que las personas más desprotegidas accedan a los productos de la canasta básica.

Por otro lado, expresa que, en forma adicional, “Uruguay fue capaz de incorporar temporalmente a nuevos beneficiarios de la protección social, a través de la implementación de una canasta de emergencia alimentaria dirigida a adultos que no reciben ninguna otra prestación estatal.

También destaca la temprana conformación del Grupo Asesor Científico Honorario que “brinda insumos al Poder Ejecutivo para la toma de decisiones”.

La respuesta de Uruguay

He aquí el texto íntegro de la declaración de la CEPAL:

“La respuesta del Uruguay frente a la pandemia del COVID-19.

En días pasados el gobierno de la República Oriental del Uruguay hizo llegar sus observaciones frente a la información contenida en el Reporte Especial COVID-19 Nro. 5 de la CEPAL “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones” (15 de julio 2020).

Estas observaciones tomaron forma tanto en una nota remitida a la dirección del organismo como en el cordial intercambio mantenido vía telefónica entre el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo Bonasso y la propia Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena.

Al respecto, la CEPAL quisiera señalar lo siguiente:

Seis meses atrás era difícil imaginar y calibrar los desafíos que la región habría de enfrentar en relación con el COVID-19. Las consecuencias económicas de la crisis están siendo devastadoras, y las implicancias sobre la salud y el bienestar de los latinoamericanos son de una magnitud alarmante.

En este corto plazo, los países han implementado una variada gama de medidas para enfrentar la crisis, con los objetivos de fortalecer los sistemas de salud, apoyar a los hogares vulnerables y proveer liquidez a las empresas. Los instrumentos han sido diversos: reasignaciones presupuestarias, gastos presupuestarios extraordinarios financiados con nuevos recursos, medidas de alivio tributario, provisión de garantías de crédito, préstamos al sector privado y capitalización de fondos e instituciones financieras públicas, entre otros.

La CEPAL ha señalado que en la actual situación no se puede desconocer que se necesita un estímulo fiscal masivo para apuntalar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos. La magnitud de ese estímulo fiscal guardará relación con diversos factores coyunturales y estructurales de cada país.

Entre los coyunturales, resulta fundamental el espacio fiscal que cada país tiene a su disposición para llevar a cabo sus políticas públicas destinadas a hacer frente a la crisis. Dos factores importantes que inciden sobre el espacio fiscal son el nivel de deuda pública y el resultado global de las operaciones del gobierno central.

En términos generales, la evolución de las cuentas fiscales en la última década ha dejado a la región en una débil posición para hacer frente a la crisis actual, situación que se ve agravada por los menores ingresos fiscales asociados con la caída en el nivel de la actividad económica.

En relación con los factores estructurales, la combinación de sistemas de protección social débiles y fragmentados, junto con altos niveles de informalidad, constituye un fuerte condicionante de la capacidad de los estados regionales de responder, a través de herramientas de política pública maduras e institucionalizadas, a las significativas demandas sociales que la pandemia acarrea.

En este contexto, destaca la situación de Uruguay, que ha enfrentado la crisis sanitaria con el respaldo de poseer uno de los regímenes de bienestar más avanzados de la región (elemento de contexto sustantivo con el que hemos complementado nuestro propio informe). Sus fortalezas institucionales previas, y su gestión expedita y oportuna explican el éxito de una respuesta que la encumbra entre las naciones con menos víctimas mortales de la pandemia.

La temprana conformación de un Grupo Asesor Científico Honorario que permanentemente brinda insumos al Poder Ejecutivo para la toma de decisiones constituye también un acertado aprovechamiento de las capacidades -en este caso derivadas de la acumulación en ciencia y tecnología- disponibles en el país.

Las fortalezas del sistema de protección social uruguayo se traducen, entre otras cosas, en una cobertura universal en materia de salud y en un gasto corriente total en salud como porcentaje del PIB superior al de prácticamente todos los países de la región.

La existencia de un programa de seguro de desempleo de larga data, que incluye una causal que permite el cobro de la prestación por reducción del trabajo y que tiene una buena cobertura dados los niveles moderados de informalidad entre los asalariados privados -alrededor de 13%, la cifra más baja en la comparación regional- ha sido un pilar fundamental de la respuesta uruguaya frente a la crisis.

La maduración institucional de este programa ha permitido también la rápida implementación de una normativa especial para flexibilizar las condiciones de acceso, garantizando una respuesta acorde a las particularidades de la coyuntura que se enfrenta.

Uruguay también pudo apoyarse en el pilar no contributivo de su sistema de protección social durante esta crisis sanitaria. Las Asignaciones Familiares – Plan Equidad, un programa de transferencias monetarias condicionadas dirigido a niños y adolescentes de hogares en situación socioeconómica vulnerable, y la Tarjeta Uruguay Social, cuyo objetivo principal es permitir que las personas más desprotegidas accedan a los productos de la canasta básica, tienen una amplia cobertura y han permitido al Estado uruguayo llegar de manera eficiente a los hogares y personas con mayores vulnerabilidades.

Según los datos reportados en la Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe, en 2018, las Asignaciones Familiares-PE cubrían a 139.000 hogares, y al programa se destinaba el 0,33% del PIB. A su vez, la Tarjeta Uruguay Social alcanzaba a 81.000 hogares, con un gasto del 0,15% del PIB.

La duplicación de los montos mensuales de una u otra transferencia en tres oportunidades hasta la fecha ha constituido un alivio frente a la pérdida de ingresos de estos hogares, y es un ejemplo más de cómo las fortalezas existentes en los sistemas de protección social -en este caso la capacidad administrativa de los programas de transferencias monetarias existentes- juegan un rol fundamental en la respuesta a la pandemia.

Adicionalmente, Uruguay fue capaz de incorporar temporalmente a nuevos beneficiarios de la protección social, a través de la implementación de una canasta de emergencia alimentaria dirigida a adultos que no reciben ninguna otra prestación estatal. Los trabajadores informales que acceden a esta canasta alimentaria pueden hacerlo a través de una aplicación para celulares.

La crisis del COVID -19 dejará varios aprendizajes para el mundo y también para la región.

Esta experiencia le señala a América Latina la importancia de contar con sistemas de protección social fuertes, tanto en términos de la población que está integrada a los mismos, como en la calidad de los sistemas, procesos y capacidades de los distintos programas.

La integración de todas las personas -incluyendo los trabajadores informales, aspecto fundamental en la región- a los sistemas de protección social es una tarea que no puede postergarse. Desde el punto de visto operativo, contar con registros administrativos actualizados, mecanismos fluidos de intercambio de información y procedimientos sistematizados y a la vez flexibles para dar respuesta a shocks de distinta naturaleza es crucial para el futuro de la región. Todo ello implica reforzar los esfuerzos de inversión en los sistemas de protección social de América Latina”.

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