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Cuando Isaac Alfie declaró contra Uruguay en el caso Aratirí

Isaac Alfie, director de la OPP, junto a Luis Lacalle Pou. Foto: Presidencia de la República

Isaac Alfie, director de la OPP, junto a Luis Lacalle Pou. Foto: Presidencia de la República

Este jueves se hizo pública la noticia de que Uruguay había ganado un juicio por una gigantesca suma en dólares que la minera Aratirí había hecho por, supuestamente, cambiar las reglas del juego cuando estaba en las etapas previas el desarrollo de una mina de hierro en la zona de Valentines.

Horas después de que la ciudadanía corriera a las redes sociales a celebrar la noticia, el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del gobierno, Isaac Alfie, fue tendencia. Esto porque el economista fue una de las personas que declaró a favor de Aratirí y en contra de Uruguay en el sonado juicio.

Aratirí y sus subsidiarias iniciaron en julio de 2017 un arbitraje de inversión contra el Estado uruguayo por “incumplimiento” del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay, en relación a las inversiones en el proyecto de mineral hierro Valentines, uno de los más grandes yacimientos a nivel mundial.

Pedían que el Estado les reparara daños por un total de US$3.356 millones, monto que después del veredicto, no deberá pagarse ya que se comprobó que no había responsabilidad.

La designación de Alfie al frente de la OPP, mientras declarara contra el mismo Estado, fue motivo de críticas por parte de parte de la ciudadanía y de la oposición política. En enero, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que el hecho de que participara del juicio como un perito para Aratirí mientras formaba parte del gobierno era «un problema ético y político». Para él, había «una clara situación de conjunción de interés público y privado».

Cuestionó que «alguien que está designado como futuro director de OPP aparece ahora como perito, para decirlo en términos cotidianos, en un juicio internacional de demanda a Uruguay, pero contratado por el demandante al Estado Uruguayo, quien paga sus honorarios».

El presidente, Luis Lacalle Pou, lo había defendido a pesar de las críticas. «Ni el informe ni la presencia de Alfie como experto ante el tribunal arbitral se expiden sobre el fondo de la controversia», dijo cuando aún era presidente electo y no había asumido el mando del gobierno.

«El gobierno electo defenderá en todo momento y en cualquier tema los intereses del Estado Uruguayo, adoptando todas las medidas de protección que correspondan. En este asunto en particular vale recordar la postura que sobre este tema ha tenido desde un principio Luis Lacalle Pou, que siempre manifestó su fuerte oposición a la instalación de Aratirí, en aras de obtener información fehaciente sobre su impacto ambiental, impulsó una intensa agenda parlamentaria, destacándose interpelaciones y llamados a sala de los ministros correspondientes», se leyó en un comunicado de Lacalle Pou de entonces.

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«No soy defensor, ni parte ni testigo»

Cuando ya estaba en Washington, Alfie trató de explicar su participación en el juicio, asegurando en redes sociales que el informe que él elaboró a favor de la minera «no trata ni se expide sobre el fondo» del juicio» y que él no es protagonista «de ninguna disputa contra el Estado uruguayo».

Él aseveró en enero a Informativo Carve que solamente se le solicitud «un estudio como experto» y que él lo hizo como cualquier trabajo. «Básicamente es eso, y no tiene que ver directamente (con el presente litigio) sino que es meramente un marco, pero no va a la sustancia», añadió.

«Se me pide un informe como experto en estos temas, un relevamiento histórico , historia de los regímenes, cambios legales que se dieron, una cosa bien descriptiva de lo que pasó y ahora supongo que se me cita como experto para que profundice sobre algún aspecto del informe», explicó.

Y continuó tratando de explicar agregando que «yo hice un informe técnico en mi actividad privada profesional, como hice decenas o quizá centenas, para diversas empresas e instituciones», mientras aprovechaba para criticar «el uso político» de su participación en el litigio.

«Decir que yo soy defensor, parte o testigo es absolutamente falso», sostuvo.

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