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OIT: Los países en desarrollo deberían invertir US$ 1.2 billones para protección social

Foto: Hugh Kinsella Cunningham / Organización Mundial de la Salud.

Foto: Hugh Kinsella Cunningham / Organización Mundial de la Salud.

En las últimas horas, la OIT presentó un informe a través del cual asegura que desde el brote de la pandemia de COVID-19, “el déficit de financiamiento de la protección social ha aumentado en 30%”, según la hoja informativa “Brechas en el financiamiento de la protección social: estimaciones mundiales y estrategias para los países en desarrollo en el contexto de la crisis de la COVID-19 y más allá”.

De acuerdo al informe de OIT, “este déficit es consecuencia de un incremento de la necesidad de servicios de asistencia sanitaria y de seguridad del ingreso para los trabajadores que perdieron su empleo durante el confinamiento y la disminución del PBI causada por la crisis sanitaria”.

También se expresa que la situación es “particularmente grave en los países de bajos ingresos los cuales necesitarían gastar cerca de 16% de su PBI (unos 80.000 millones de dólares)  para subsanar el déficit”.

“La carga relativa de cerrar la brecha es especialmente alta en Asia Central y Occidental, África del Norte y África Subsahariana (entre 8 y 9% de su PBI)”, se indica en el informe.

Compromisos jurídicos y políticos

De todos modos, también se manifiesta que aún antes de la crisis de COVID-19, la comunidad mundial “no estaba cumpliendo con los compromisos jurídicos y políticos en materia de protección social que había asumido tras la última catástrofe mundial, la crisis financiera de 2008”.

En la actualidad, “sólo el 45% de la población mundial está cubierta por al menos una prestación de protección social”, asegura el organismo especializado de las Naciones Unidas; y agrega que el resto de la población  (más de 4.000 millones de personas) está completamente desprotegida”.

Medidas nacionales e internacionales

Asimismo, la OIT indica que las medidas nacionales e internacionales para reducir el impacto económico de la crisis de COVID-19 “han proporcionado asistencia financiera a corto plazo”.

En dicho marco, algunos países “han buscado fuentes innovadoras a fin de incrementar el espacio fiscal para extender la protección social, tales como impuestos al comercio de grandes empresas de tecnología, imposición unitaria a las empresas multinacionales, impuestos sobre las transacciones financieras o los billetes de avión”.

“Los países de bajos ingresos deben invertir 80.000 millones de dólares aproximadamente, alrededor de 16% de su PBI, a fin de garantizar al menos la seguridad básica del ingreso y el acceso a una asistencia sanitaria esencial para todos”, dijo la directora del Departamento de Protección Social de la OIT, Shahrashoub Razavi.

Remarcó que “los recursos nacionales distan de ser suficientes” y que “subsanar el déficit de financiamiento anual precisa de recursos internacionales basados en la solidaridad mundial”.

La OIT reconoce que las instituciones financieras internacionales y los organismos de cooperación para el desarrollo “ya han introducido diversos paquetes financieros a fin de ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo a abordar los numerosos efectos de la crisis, en particular en los países de bajos ingresos”.

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