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Partido Nacional analizará restaurar la Ley de Caducidad y el Frente Amplio se opone

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En las últimas horas, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos propuso reactivar la Ley de Caducidad,  Nº 15.848, a través de la derogación de la Ley interpretativa que la dejó sin efecto.

Ello generó la reacción de distintos sectores políticos, ante una de las leyes más polémicas desde el retorno a la democracia.

En tal sentido, el coordinador de bancada del Partido Nacional, Gustavo Penadés dijo que se plantea una situación compleja desde el punto de vista jurídico.

“No se nos escapa la sensibilidad que el tema de los derechos humanos despierta en parte de la población, así como el derecho de los familiares de desaparecidos a conocer el destino de los mismos”, dijo en declaraciones a Subrayado.

El  legislador blanco recordó también que la Suprema Corte de Justicia “declaró que los episodios vinculados a violaciones de derechos humanos durante la dictadura no son delitos de lesa humanidad, porque en ese entonces no estaban vigentes los tratados correspondientes y en Uruguay la ley no es retroactiva”.

De todos modos aseguró que una vez que la bancada de legisladores reciba el petitorio de Cabildo Abierto “se analizarán y estudiarán las posibles salidas”.

Agregó que además de ser un asunto jurídico, también es político y así deberá ser analizado. Dijo que “hay una utilización indebida por parte de algunos actores políticos del Frente Amplio”.

Por su parte, el candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Daniel Martínez, expresó que “los delitos de lesa humanidad no prescriben en ninguna unidad de tiempo en que se los quiera medir”.

Señaló que el planteo del senador Guido Manini Ríos es algo que rechaza en forma absoluta.

“Estamos dispuestos a pelear con todas las herramientas democráticas que correspondan para que no se dé marcha atrás”, expresó Martínez.

En el mismo sentido, el senador Mario Bergara dijo que “ante quienes proponen restaurar la impunidad”, asume el compromiso de lucha por más memoria, verdad y justicia”.

Las leyes

Contra la Ley de Caducidad se interpusieron dos referéndums (uno en 1989 y otro en 2009), pero en ambos casos fue ratificada en las urnas.

Mientras que en 2011, el Parlamento aprobó, a instancias del Frente Amplio, la Ley Nº 18.831 de restablecimiento de la pretensión punitiva para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el  1º de marzo de 1985.

Dicha Ley establece en su artículo 1º “el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986”.

Dispone que “no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta Ley”.

A la vez, el artículo 3 declara que, “los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte”.

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